La transición energética juega un papel fundamental para alcanzar la carbono neutralidad para el 2050. Con el objetivo de lograr este compromiso, Chile se ha comprometido a desarrollar un sector energético seguro, de calidad, confiable, eficiente y compatible con el medio ambiente. Sus compromisos están orientados a mejorar su marco regulatorio y de política energética, aumentar la incorporación de energías renovables en la matriz de generación, fortalecer las tecnologías innovadoras basadas en energía limpia y empujar la descarbonización de su economía; todo esto dentro de un proceso de participación ciudadana e inclusiva que se ha venido acelerando en el tiempo.

En 2018, el gobierno puso en marcha la Ruta Energética 2018-2022 centrada en modernizar la normativa y política del sector que consistía en la promoción de las energías renovables no convencionales, el impulso de las tecnologías innovadoras basadas en energía limpia, el transporte eficiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Para esto, desarrolló varios instrumentos de política como: (i) la actualización de la ley de generación distribuida, que permite a los usuarios hasta 300kW autoabastecer su consumo e inyectar los excedentes a la red eléctrica; (ii) la actualización de la Contribución Determinada Nacionalmente (NDC por sus siglas en ingles), y (iii) el desarrollo de la estrategia de electromovilidad.

El impacto de estas nuevas medidas se vio reflejado en el incremento de la capacidad instalada de: solar y eólica, que pasó de 0,6% al 21,4% en los últimos diez años; generación solar distribuida, que se multiplicó por cuatro entre 2018 y 2020; y generación de energía renovable total, que alcanzó un 44% en el 2019.

De esta forma la generación eléctrica actualmente está conformada por:

Los logros realizados por Chile en los últimos años demuestran su compromiso para llevar adelante un proceso profundo de transición energética y poder contar así con una matriz limpia, sostenible y descarbonizada. Pero el sector se enfrenta todavía tres desafíos:

1. Contar con un marco regulatorio y una política energética de largo plazo que permitan modernizar el sector y garantizar un servicio eléctrico asequible con generación limpia (desplazando combustibles contaminantes como la leña).
2. Descarbonizar la matriz energética para lograr la carbono-neutralidad, asociada principalmente al retiro de las centrales a carbón, en condiciones justas para los trabajadores afectados, y aumentar la flexibilidad de la red para incorporar más renovables y permitir el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.
3. Implementar un marco que habilite e impulse la innovación y las nuevas tecnologías, en particular la electromovilidad y el despegue del hidrogeno verde en Chile viable por su enorme potencial renovable solar y eólico.

Con el fin de apoyar la superación de estos desafíos y acelerar la transición energética, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$300 millones. Este es el segundo programa de una serie que se aprobó en el 2021, que busca complementar las reformas iniciadas en el primer programa y seguir consolidando los avances del gobierno chileno en perfeccionar el marco regulatorio del sector energético; mediante mejoras en la regulación del mercado de distribución, fomentar la participación ciudadana en el uso de energías limpias, y promover la participación de más mujeres en el sector.

Dentro de las medidas para acelerar el proceso de descarbonización de la matriz energética, sobresalen la programación del retiro voluntario de 4 centrales de carbón junto con la publicación de la Estrategia de Transición Justa, que acompaña al proceso de cierre y nuevos usos de estas centrales. Esta propuesta pone al centro a las personas, con acciones y medidas habilitantes justas, participativas, inclusivas y sostenibles, promoviendo la creación de empleos que mejoran la calidad de vida de las personas y resguarda los derechos de las personas afectadas más vulnerable.

El programa incentivará la penetración de renovables, al remplazar estas centrales de carbón por centrales de generación de energía renovable variable. Esto promoverá una mayor flexibilidad del sistema, para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Adicionalmente, promoverá medidas para incentivar la innovación en nuevas tecnologías energéticas; a través de la aprobación de la Estrategia Nacional de Electromovilidad y el lanzamiento del programa de recambio de vehículos de alto recorrido, orientado a impactar el transporte público de pasajeros.

Por último, el programa busca apoyar el desarrollo de nuevas fuentes de energía esenciales para lograr una transición limpia, como es el caso del hidrogeno verde, a través del inicio de la regulación que impulsa la producción, uso y creación de un mercado nacional, siguiendo como base los lineamientos de la Estrategia Nacional de Hidrogeno Verde.

Todo este conjunto de políticas, comprenden una agenda ambiciosa que ratifica los grandes pasos que esta dando Chile para llegar a una carbono neutralidad para el 2050 y a 70% de renovables en su matriz energético alineados con el Acuerdo de Paris y los compromisos del BID con la región y que se plasmas en su Visión 2025 en temas de economía digital, acciones frente al cambio climático, género y diversidad.